Javier Madrazo Lavín

El artículo 47 de la Constitución consagra el derecho a la vivienda. Hablamos de un auténtico derecho constitucional, aunque no fuera incorporado en el capítulo de derechos fundamentales, que implica, entre otras cuestiones, que las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, están obligadas a desplegar planes y a movilizar los recursos necesarios en sus políticas de vivienda, con el objetivo de hacer efectivo este derecho. Por su parte, el Estado tiene que garantizar que la ciudadanía, independientemente de donde resida, disfrute de este mismo derecho en condiciones básicas de igualdad. Con esa finalidad precisamente, se aprueba la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.

Quienes quisieron convertir en su día este derecho constitucional a la vivienda en un mero principio rector sin mayores consecuencias, para la mayor gloria del libre mercado inmobiliario y de la clase rentista, son los mismos, derecha española, vasca y catalana, que hoy también están torpedeando, y no aplicando, los elementos fundamentales de esta ley estatal, con la excusa de constituir una intromisión competencial. Hay que recordar que, a día de hoy, la mayor parte de los contenidos de esta ley han sido ya validados por el Tribunal Constitucional, por lo que carecen de sentido los recelos competenciales de algunas Comunidades Autónomas, gobernadas por la derecha y la extrema derecha, que se desvelan como meras excusas para proteger los  intereses de los sectores económicos a los que representan.

Es cierto que los títulos competenciales exclusivos de las Comunidades Autónomas en materia de vivienda deben dejar abierta la posibilidad para que éstas puedan realizar diagnósticos distintos y proponer legítimamente soluciones diferentes. Pero, de la misma manera,  también es cierto que la ciudadanía tiene derecho a unas condiciones básicas de igualdad en materia de vivienda que obliga a que sus administraciones les procuren el acceso a un alojamiento en condiciones asequibles. Por ello no es aceptable que haya gobiernos autonómicos y ayuntamientos que se dediquen a boicotear el desarrollo de las iniciativas legislativas.

Condiciones básicas de igualdad que pasan, en primer lugar, por la disposición de un parque de vivienda destinado a políticas sociales. El Tribunal Constitucional ha legitimado al Estado para exigir la disposición en el mercado de un parque de viviendas protegidas. Más recientemente también ha aceptado la obligación de que una parte de las mismas se deban destinar al alquiler asequible en los desarrollos urbanísticos.

Por ello, si las administraciones tienen que garantizar en el mercado la suficiencia de este tipo de vivienda de precio asequible, resulta incomprensible e inadmisible que todavía se permita la descalificación, pasado un tiempo, de estas viviendas protegidas para su incorporación al mercado libre especulativo y sin ninguna restricción. Son numerosos los informes que resaltan, como un problema estructural de nuestro país, el enorme déficit de vivienda social señalando, de forma clara, como un factor responsable a la política masiva de descalificación de las viviendas protegidas. En Euskadi decidimos en el 2003 que la vivienda protegida permanecerá siempre en el parque público. Resulta escandaloso que a día de hoy la mayoría de CCAA aún no hayan aprobado la calificación permanente.

Y en segundo lugar,  por la responsabilidad pública de las administraciones, y su obligación,  de intervención  en procesos de tensionamiento de mercado de la vivienda. El propio artículo 47 de nuestra Constitución, en garantía de la efectividad del derecho a la vivienda, encomienda a las administraciones a promover y adoptar las medidas que se estimen oportunas para impedir la especulación inmobiliaria. Prácticas especulativas que  están prohibidas por la C.E. Así, en situaciones de tensionamiento de mercado inmobiliario – déficit de oferta y presión de la demanda – la intervención administrativa no es una opción sino una obligación constitucional, a pesar de que algunas Comunidades Autónomas no se quieran enterar.

El mercado inmobiliario, por su propia naturaleza, queda sometido a este tipo de procesos de tensionamiento en las zonas más apetecibles de nuestras ciudades. El problema radica en que esta demanda de vivienda, que va a presionar el precio al alza, no tiene que ver con dotar de un domicilio, de un hogar, a quien va a comprar esas viviendas, sino que las mismas se compran por inversores para usarlas con otros fines distintos del residencial, usos turísticos y arrendamientos de corta duración, porque son mucho más lucrativos; dificultando o haciendo imposible económicamente,  la vivienda a quienes aspiran a su primer acceso. Procesos especulativos que  van a repercutir de forma muy negativa en el entorno urbano donde se sitúan estas viviendas como la turistificación y la gentrificación.

Por lo tanto,  resulta incomprensible que esta intervención administrativa haya quedado en la ley estatal por el derecho a la vivienda, en manos exclusivamente de las Comunidades Autónomas, obviando así,  la importante repercusión que estos procesos de especulación tienen en los municipios al afectar negativamente en el entorno urbano y, por lo tanto, con incidencia en el corazón del desarrollo de sus propias competencias municipales.

Las competencias exclusivas de las CCAA, que son otorgadas por la Constitución en materia de ordenación del territorio, urbanismo o vivienda, no amparan la dejación competencial, como está sucediendo con la mayoría de gobiernos autonómicos. Éstos sólo defienden el acervo competencial autonómico en materia de vivienda como una forma de hacer oposición política al Estado; oposición política que cargan sobre las espaldas de la ciudadanía, que tiene que soportar que no se les procure ninguna solución efectiva desde las administraciones para mejorar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles.

El título competencial del Estado en garantía de las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda (artículo 149.1.1) puede y debe amparar una intervención del Estado ante una situación de tensionamiento de mercado, que sea puesta de manifiesto por un Ayuntamiento, cuando la Comunidad Autónoma a la que pertenece ese municipio mire para otro lado.

En este sentido, no sólo es oportuna, sino necesaria,  la propuesta que se está planteando en Cataluña,  de posibilitar legalmente que en estas zonas con tensionamiento del mercado residencial las autoridades locales puedan condicionar las transmisiones del derecho de uso de las viviendas al compromiso de que las mismas sean destinadas exclusivamente como vivienda habitual, de sus compradores o de los futuros inquilinos, con la finalidad de frenar la escandalosa especulación inmobiliaria a la que asistimos.

En consecuencia, debemos poner el énfasis en la responsabilidad pública de intervenir en el mercado residencial para abortar o, al menos, mitigar estos procesos. Cada administración verá de qué forma, con qué intensidad y con qué instrumentos deberá intervenir en el mercado residencial. No sólo en defensa del derecho a la vivienda, sino también, por ser consecuente, con el sometimiento de la actividad administrativa al interés general y del principio de buena administración reconocido en el marco del tratado de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la Unión Europea.

En este contexto de mercados especulativos lo que no parece que sea una solución es “regar” con bonificaciones fiscales – que pagamos todos y todas – a las personas que se enriquecen de este proceso enloquecido de encarecimiento del mercado del alquiler.

No sólo porque el objeto de la protección institucional debe ser a la parte más débil de la relación arrendaticia, la persona arrendataria,  como ya tuvo ocasión de concluir el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1994,  en la que por esta razón, se sentenció que era plenamente constitucional la figura de la prórroga forzosa de los alquileres de vivienda y que ahora el Gobierno del Estado se niega a aplicar; sino porque no parece coherente proponer beneficiar con recursos públicos a los arrendadores que, de una u otra forma, han generado, han contribuido o, por lo menos, se han beneficiado de su posición contractual de fuerza provocando estas tensiones.  

En este sentido, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda ha carecido de la ambición que era necesaria. En primer lugar, porque no garantiza la existencia de un futuro parque público de vivienda de alquiler asequible, que es prácticamente inexistente en nuestro país, y  en segundo lugar, porque evidencia grandes déficits en la regulación que propone para poder hacer frente a estas situaciones de tensionamiento de mercado; déficits que se manifiestan tanto, en  el plano competencial, permitiendo situaciones de bloqueo y de boicot por Comunidades Autónomas, como en el plano material,  donde conscientemente, se obviaron cuestiones como la regulación de los arrendamientos de vivienda de  corta duración, entre ellos los turísticos, y el arrendamiento de habitaciones que ahora tantos problemas de desequilibrio y de abusos en el mercado de alquiler están provocando en zonas tensionadas, como ya ha reconocido el Presidente Pedro Sánchez. Intentar resolver ahora estas evidentes carencias con nuevas bonificaciones fiscales para los arrendadores ni es lógico ni es justo.

Artículo publicado en el Dirio.es

         JAVIER MADRAZO LAVÍN

Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco ( 2001-2009)

Bilbao, a 21 de enero de 2026

En la actualidad coinciden los debates sobre dos Planes Directores de Vivienda; el estatal y el propio de Euskadi. 

Por sorprendente que parezca, el Gobierno del Estado todavía anda planteando a las CCAA que la vivienda protegida  no se pueda vender en el mercado libre pasado un tiempo. Y es que la mayoría de gobiernos autonómicos, aún permiten que estas  viviendas, puestas en marcha con el esfuerzo de toda la ciudadanía, pasen al mercado libre al cabo de unos pocos años. Así nunca se podrá fortalecer un parque de vivienda de precio asequible y alternativo al  mercado libre. Mercado que ha demostrado su incapacidad para garantizar el derecho a la vivienda a  la mayoría de la población ya que únicamente se mueve con una  lógica especulativa.

Esta misma cuestión ya fue superada en Euskadi, de forma pionera, hace 22 años,  cuando aprobamos la calificación permanente para todas las viviendas protegidas, fuera quien fuera el promotor. 

Como consecuencia de ello, en la actualidad, 70.000 viviendas en Euskadi ya están calificadas como protegidas de por vida. Si a este parque de viviendas protegidas en venta, le sumamos las viviendas libres que se ofertan en régimen de alquiler asequible por los Ayuntamientos y por BIZIGUNE, programa que pusimos en marcha en el 2005, más  los Alojamientos Dotacionales, que aprobamos en el 2006 con la ley vasca del suelo, podemos concluir que en Euskadi el parque de viviendas principales excluido del mercado libre puede alcanzar el 7,78%; un porcentaje nada desdeñable ya que duplica la media estatal.

Aunque de esta cifra, sólo el 3% del parque de viviendas principales se ofrece en régimen de alquiler asequible; muy alejado del 20% que suele fijarse como de umbral mínimo para poder tener una cierta influencia en el mercado. Consciente de ello, el Pacto Social de Vivienda de Euskadi ha establecido  que en el plazo de diez años (2036) este porcentaje alcance el 5% del parque de viviendas principales. Este objetivo implica casi duplicar en diez años todo lo que se ha  hecho en los veinte años anteriores. Cuando menos, ambicioso, pero no imposible si se adoptaran las medidas adecuadas.

Tras haber transcurrido más de veinte años desde que muchos jóvenes entraron a vivir en viviendas protegidas, no es para nada descartable que algunos deseen vender las mismas al Gobierno Vasco para poderse comprar ahora una vivienda en el mercado libre (por haber mejorado su situación económica o por necesidad de más espacio). 

Esto ofrece una oportunidad de intervención al Gobierno Vasco, que no debería desaprovechar, de ir  adquiriendo progresivamente estas viviendas protegidas, por sí mismo o con colaboración de otros agentes sociales, para engrosar el parque de vivienda en régimen de alquiler asequible. 

Si hemos sido capaces de movilizar viviendas libres al régimen de alquiler asequible mediante el programa BIZIGUNE, más sencillo resulta movilizar, a ese mismo fin, viviendas protegidas calificadas como tales de forma permanente.

¿Por qué el gobierno  PNV-PSE no  está hablando de esta posibilidad?

En primer lugar, porque la compra de vivienda VPO para el alquiler no es una política que estimula al sector promotor inmobiliario, que tan abducido tiene al Ejecutivo Vasco. La segunda, porque no dedican los recursos necesarios para afrontar la  inversión que reclamaría esta compra progresiva de vivienda.  

Por el contrario, promueven una reforma legal que deja más dudas que certezas, para que el Gobierno Vasco obtenga suelo de forma directa, al margen de los convenios con Ayuntamientos, pero a cargo de los mismos desarrollos urbanísticos.

Esta forma de actuar no va a generar más suelo para vivienda protegida. Y mucho menos, va a permitir disponer de forma inmediata de estas viviendas de alquiler asequible. La construcción de nuevas viviendas protegidas y de nuevos alojamientos dotacionales reclama unos tiempos de los que no disponemos. 

Atender una emergencia habitacional, como la que nos está indicando el Plan Director de Vivienda, exige movilizar las viviendas protegidas ya existentes hacia el régimen del alquiler asequible. La solución no pasa exclusivamente por construir sino por movilizar y captar. Y ahí tenemos la oportunidad de las 70.000 viviendas protegidas ya existentes para poder intervenir desde lo público en  favor del alquiler asequible de forma rápida y eficaz, actuando de forma directa o bien concertada con terceros promotores sociales. 

Es más fácil echar la culpa de la insuficiencia de los parques públicos de vivienda en alquiler a los Ayuntamientos, que tienen su cuota de responsabilidad, antes que asumir la que le corresponde al Gobierno Vasco por su dejación en materia de planificación sectorial y por renunciar a la acción pública directa en favor de la vivienda protegida en alquiler.

Es urgente colocar la apuesta por la vivienda asequible a la altura de preocupación de la ciudadanía. Para ello es imprescindible incrementar, hasta duplicar, la dotación presupuestaria en materia de vivienda, situándola, al menos, en el 1% del PIB. 

Y es que el problema de acceso a la vivienda en Euskadi precisa de realidades y no de debates estériles y tramposos. 

13 de Noviembre de 2025

JAVIER MADRAZO LAVÍN 

Vivimos tiempos cada día más complejos, en los que las amenazas se imponen a las esperanzas. El pesimismo es hoy un sentimiento generalizado que, con frecuencia, nos invade y son  muchas las razones para ello. El temor a una escalada bélica cobra fuerza, la economía apunta a una nueva crisis mundial, el cambio climático está descontrolado, el estado del bienestar, tal y como lo hemos conocido, está amenazado, una parte importante de la ciudadanía ha perdido la confianza en la democracia y el auge de la extrema derecha es una realidad incuestionable, que suma apoyos, especialmente,  entre las personas más jóvenes. La incertidumbre ha venido para quedarse y el miedo nos atenaza. Los discursos y mensajes que nos llegan responden, en su mayoría, a voces totalitarias, que aspiran a controlar el mundo. Quieren sustituir el derecho y los organismos internacionales por la única ley de la  fuerza.

Resulta obvio concluir que Europa ha perdido fuerza e influencia en un escenario global, en el que Estados Unidos está gobernado por un empresario corrupto, sin ningún respeto al orden constitucional, capaz de someter las instituciones a sus caprichos y tiranía, y una alianza estratégica China-Rusia, que ejerce de contrapeso, pero con ambición de imponer también sus dictados y su fuerza,  amparándose  en su capacidad militar y en el sometimiento de una población sin derechos y sin libertades. Las tensiones y el clima de confrontación  son cada vez más alarmantes y se suceden las provocaciones, sin descartar incluso el uso de las armas;  una tercera guerra mundial, impensable hasta ahora,  está sobre la mesa como si ésta fuera una opción y somos muchas las personas que ansiamos recuperar argumentos que hablen de diálogo y paz.

En este contexto, que sólo beneficia a la expansión del ideario más ultraliberal y fascista, es imprescindible insistir en valores y principios que históricamente ha defendido y representado la Unión Europea desde su mismo nacimiento .  Cohesionar un relato compartido, que transmita confianza y seguridad a la sociedad, y afianzar un liderazgo comprometido con la democracia, los derechos humanos, el estado de bienestar y la convivencia constituyen una prioridad ineludible. A la vista del momento que vivimos, es evidente,  que no podemos delegar esta responsabilidad sólo en los partidos políticos y representantes institucionales. La ciudadanía debe reactivar su conciencia crítica y su capacidad de movilización y presión en defensa de las ideas y aspiraciones conquistadas en el pasado y que ahora están siendo cuestionadas cuando no negadas.

Quienes crecimos en los últimos años de la dictadura en España y soñábamos en nuestra juventud con ser parte de una Europa, que imaginábamos democrática y abanderada del progreso,la libertad, la igualdad y la solidaridad con otros pueblos y culturas, tenemos cincuenta años más tarde la obligación moral con las nuevas generaciones de intentar recuperar aquellos ideales y demostrarles que en sus manos está construir un mundo mejor, más humano y habitable. Sólo lo lograremos si nos empeñamos en librarnos de los males que nos atenazan como sociedad: el individualismo, el consumismo compulsivo y la apatía por  la que nos hemos dejado llevar en los últimos tiempos. Sobrevivimos en una burbuja de aislamiento, resignación y sálvese quién pueda, que nos convierte en presa fácil para el auge de déspotas y tiranos, todos hombres, qué casualidad, que terminarán por llevarnos al abismo si antes no logramos frenarlos.

Les sobra testosterona y les falta racionalidad y humanidad. Su poder se basa en la imposición de regímenes autocráticos y la persecución, cuando no la  aniquilación, de quien piensa distinto. No toleran la disidencia y su voluntad es imponer su hegemonía en el mundo. Se perciben a sí mismos como invencibles y quieren que sepamos que no les temblará el pulso en ningún momento en su ambición por ser los dueños del universo. Europa ni puede ni debe resignarse ante semejantes dictadores, por muchas que sean sus provocaciones.  El futuro pasa no por un rearme militar sino por un rearme ético. Europa, y su ciudadanía, han de recuperar las señas de identidad que les hicieron ser un referente moral por los valores y principios de los que nos hemos sentido tan orgullosas y orgullosos. El reto pasa por profundizar en la democracia no por recortarla; no toca limitar derechos sino ampliarlos. La defensa de un medio ambiente sano y sostenible es el camino; reivindicar el  feminismo como antídoto ante un machismo creciente que gana adhesiones entre las nuevas generaciones; increíble, pero cierto; reconocer la aportación de la inmigración al empleo, la economía y el enriquecimiento cultural, huyendo de las posiciones más racistas y xenófobas; potenciar los servicios públicos y no cuestionarlos como si fueran un lastre en lugar de una garantía para  la  igualdad y los  cuidados.

Europa ha cometido errores graves y tiene aún grandes grietas y carencias, que debemos denunciar y subsanar. Tenemos que consolidar una Europa alternativa y distinta, que sea un modelo de resistencia frente a la barbarie, la fragmentación y el choque de trenes al que nos quieren conducir Trump, Putin y Xi Jinping.  No podemos dejar que ganen los tiranos. Europa, con todos sus fallos, derivas y debates pendientes, está llamada a enarbolar la bandera de aquellos valores compartidos, que tanto nos ha costado construir:  la dignidad humana, el estado de derecho y la separación de poderes, el respeto a todas las culturas y a las minorías, y el compromiso con la paz, la convivencia y la tolerancia.

Es imprescindible revitalizar y articular la movilización social en los ámbitos locales e internacionales. En favor de la Democracia, la Paz y el Medio Ambiente. Ante  la pasividad, cuando no complicidad, de muchos gobiernos europeos,  resulta un motivo de esperanza, tal como se ha visto en la reciente Vuelta Ciclista a España, o con  la Flotilla Global Sumud, la creciente indignación popular,  frente al  genocidio y la masacre perpetrada por el gobierno de Israel, con total impunidad, contra el pueblo palestino. 

Hoy más que nunca es la hora de una ciudadanía consciente y responsable que ejerza el pensamiento crítico. Este será nuestro mejor escudo frente al poder de los autócratas que  apuestan por la confrontación y la hostilidad, cuando no la guerra. Nos estamos jugando el futuro y la supervivencia de la humanidad.

        JAVIER MADRAZO LAVÍN

    Bilbao, a 16 de Octubre de 2025

Valoración de la Proposición de Ley de PNV-PSE de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo.

Parlamento Vasco, 8 de Septiembre de 2025

INTRODUCCIÓN

Queremos agradecer  de antemano su atención y particularmente al grupo parlamentario de EHBILDU por posibilitar la comparecencia del “kolektibo 47 por el derecho a la vivienda” para hacer llegar  nuestra valoración en relación a la proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, que han presentado los grupos parlamentarios del PNV y del PSE.

No creo que debamos dedicar mucho tiempo a señalar que el principal problema que tiene la sociedad vasca es el  acceso a la vivienda a precios asequibles.

Por eso iremos directamente al grano. Esta iniciativa representa una auténtica contrarreforma en materia de urbanismo y vivienda que socava los amplios consensos políticos y sociales alcanzados, no sin dificultad, en nuestra Comunidad Vasca desde hace varias décadas.

Una contrarreforma dictada por la derecha política y al calor de los intereses de los promotores privados con la excusa, eso sí, del problema del acceso a la vivienda.

Quisiéramos justificar esta afirmación entrando al detalle de cuatro de los elementos que contiene este texto.

ANÁLISIS  DE LA PROPOSICIÓN DE LEY

1)La proposición de ley no adapta nuestra legislación sectorial de vivienda a la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda

El día que se hizo pública esta iniciativa legislativa ante los medios de comunicación, los representantes del Partido Socialista de Euskadi se alegraban de haber llevado al Partido Nacionalista al consenso en la asimilación de los contenidos y de las obligaciones de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda (LDV 2023). Pero hay que decir, que esto es radicalmente falso.

-En primer lugar, debe ponerse de manifiesto que, al contrario de lo que han hecho otras Comunidades Autónomas, con políticas avanzadas en materia de vivienda, como Cataluña o Navarra, esta proposición NO incorpora la figura de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) a nuestra legislación sectorial de vivienda.

Las declaraciones ZMRT se basan actualmente en Euskadi en un endeble “protocolo”  que genera no pocas dudas en cuanto a su procedimiento y su aplicación. Ni siquiera los Planes Trienales de Acción, algunos de los cuales, dejan mucho que desear, son concebidos por la ley vasca de vivienda como instrumentos de planificación.

Planes que se supone deberían incorporar medidas de choque para hacer frente a la emergencia habitacional que ha llevado a declarar un municipio como ZMRT.

Decimos que estos planes trienales dejan mucho que desear porque el aprobado la semana pasada en Bilbao  se limita a incorporar lo que ya existía. Es decir, las viviendas que ya estaban comprometidas. En definitiva, no han hecho un plan de choque. Para eso no hace falta un plan trianual.

 ¿Por qué no han aprovechado esta proposición de ley para dar carta de naturaleza en nuestra legislación a estos planes trienales? Planes que hoy por hoy no tienen un reconocimiento como  instrumento de planificación en nuestra legislación urbanística. Bastaría con incorporarlos al artículo 11 de la ley 3/2015.

-Esta proposición de ley constriñe la figura de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado, que es evidente debe tener una importancia fundamental en la realidad de tensionamiento del mercado residencial de Euskadi. Limitan esta figura de las ZMRT a dos cuestiones: a)tipificar como infracción el incumplimiento de los límites máximos en cuanto a la fijación de las rentas de los alquileres y;  b)modificar puntualmente la legislación de turismo para decir que en estas zonas los particulares no pueden dar de alta  nuevas viviendas turísticas. Hasta ahí. Nada más.

Por cierto, declaraciones de ZMRT que, más allá de los publireportajes de nuestra radio televisión vasca, hoy por hoy,  siguen siendo papel mojado. Somos la única Comunidad Autónoma que aún no tiene fijados los índices de referencia para frenar la subida de los precios del alquiler libre. Y ello por la desidia y el freno de las DDFF gobernadas por los mismos partidos que sustentan al Gobierno Vasco.

Pero las ZMRT encierran muchas más potencialidades que la escasa ambición que demuestra esta proposición de ley.

Les diremos, por ejemplo,  que en Cataluña, en su ley de vivienda, ya se habilita al planeamiento urbanístico, en el marco de la función social de la propiedad de la vivienda, para obligar y  exigir que las viviendas, las libres y protegidas, deben ser utilizadas de forma exclusiva para uso de vivienda habitual y permanente. Con lo cual se impide dedicarlas a otros fines (alquileres de corta duración, alquileres turísticos…). Y que recientemente el Tribunal Constitucional ha validado que en las zonas con tensionamiento de mercado el uso de la vivienda con fines turísticos esté sometida a trámite de licencia y, por lo tanto, no sólo esté sometida a autorización administrativa sino también tenga  un plazo máximo de explotación con fines turísticos. Nada de esto se dice en esta proposición de ley. ¿Por qué no aprovechan esta proposición de ley para desarrollar la figura de las ZMRT e incluir lo que ya es una realidad en otras legislaciones autonómicas?

-Otra de las clamorosas ausencias en esta contrarreforma es la regulación de una figura tan fundamental, destacada así en  la Exposición de Motivos y en el apartado primero de su artículo cuarto con carácter de legislación básica. Nos referimos a los Patrimonios Públicos de Vivienda (PPV) y que, como hemos argumentado, son fundamentales para la garantía del derecho subjetivo a la vivienda.

Es necesario, por ejemplo, que se diga  que los PPV no se pueden vender.  Porque esto, hoy por hoy, no se recoge en ningún lugar de nuestra legislación.

Evidentemente, en esta misma línea, también se esquiva la obligación autonómica de fijar objetivos de cuantificación de estos parques públicos de vivienda en el tiempo y en  la forma de hacer seguimiento de su cumplimiento.

¿Por qué no aprovechan esta proposición de ley para regular el Patrimonio Público de Vivienda?

-Pero particularmente lamentable es la incorporación que se hace en esta contrarreforma de las obligaciones básicas en materia de oferta de alquiler social y asequible, extremo este último que se debe recordar el Partido Nacionalista Vasco tiene actualmente recurrido ante el Tribunal Constitucional. No sólo decimos que es lamentable porque la iniciativa que aquí se trae se limita a  copiar los porcentajes mínimos exigidos por la legislación básica estatal (10% en suelo urbano y 20% en suelo urbanizable) sino también porque se vincula la obligación de ofrecer alquiler social a la suerte que pueda correr esta legislación básica. Dejan ustedes claro que incorporan esta obligación a la ley vasca porque no les queda otro remedio. Porque les obliga la ley de vivienda estatal. De modo que si el día de mañana las obligaciones de alquiler asequible desaparecieran de la legislación estatal porque las tumba el TC ante el recurso que ha presentado el PNV,  o  las  tumba un hipotético gobierno PP-VOX, también desaparecerían de forma automática de nuestra legislación urbanística. En este punto, señores y señoras del Partido Socialista, o el PNV les ha metido un gol en toda regla, o ustedes se lo han dejado meter.

¿Por qué no establecen unas reservas para alquiler superiores a los mínimos que marca la ley de vivienda del Estado? ¿ Por qué que no   blindan la reserva de alquiler en base a nuestra capacidad competencial, que la tenemos, sin hacer depender la regulación del alquiler de la suerte que pueda correr la legislación estatal?

2)Resulta perentorio e inaplazable el reforzamiento y actualización jurídica de la figura de los Patrimonios Públicos de Suelo

Como hemos dicho anteriormente, en un contexto de tensionamiento de mercados residenciales – recuérdese que más de dos de cada tres vascos y vascas viven en zonas con mercados de vivienda tensionados – es absolutamente necesario y urgente que nos preguntemos por el papel que las Administraciones Públicas deben desempeñar con objeto de provocar el incremento de la oferta de vivienda protegida a unos precios asequibles, muy particularmente en materia de alquiler.

-Este incremento de la oferta de vivienda protegida y asequible también dice ser el objetivo de la proposición de ley; pero la solución se hace descansar en los desarrollos urbanísticos (de plazos necesariamente largos) y, además, a cargo de los promotores privados. Déjennos  que mostremos  un gran escepticismo en relación a este particular. 

-Entendemos que, la responsabilidad de todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) es inexcusable, insoslayable e inaplazable. Y en este marco de la reflexión debemos ahora referirnos a la degradación progresiva, por incumplimiento, de los deberes en materia de los  Patrimonios Públicos de Suelo. Resulta muy difícil, por no decir imposible, justificar que, en una situación de tensionamiento de mercado de vivienda, con precios inasequibles para una buena parte de la población vasca que busca su primera vivienda, los suelos públicos sigan al servicio de la financiación de otros intereses públicos ajenos al objetivo prioritario de la promoción de vivienda protegida y en alquiler.

Como antes hemos dicho, en materia presupuestaria municipal, es general la desviación de los objetivos y destinos obligatorios y preferentes de los recursos del Patrimonio Municipal de Suelo a favor de la construcción de vivienda protegida para financiar otros destinos como por ejemplo la construcción de equipamientos públicos.

Nuestra legislación establece que la promoción de vivienda protegida será la prioridad de los patrimonios públicos de suelo obtenidos por la cesión del 15% de aprovechamientos urbanísticos. Les ponemos el ejemplo del mayor ayuntamiento de Euskadi. En el presupuesto de Bilbao de este ejercicio se computan 30 millones por la venta de estos suelos públicos. ¿ Pues saben qué porcentaje de estos 30 millones destina a vivienda protegida? El 17%. El resto para equipamientos que nada tienen que ver con la vivienda.

-Así mismo, resulta incomprensible que en operaciones de transformación urbanística sobre suelos públicos, las viviendas protegidas sean las mínimas legalmente exigibles y sin ninguna vinculación urbanística al alquiler asequible; muy particularmente en zonas que se han declarado como tensionadas por acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento. 

En el tema de la vivienda hay una gran hipocresía. A muchos responsables públicos se les llena la boca hablando de la necesidad de  vivienda protegida pero cuando tienen un suelo público lo venden al mejor postor para obtener dinero con el que financiar otras actuaciones ( soterramientos, polideportivos…). Y la vivienda asequible, una vez más, relegada al furgón de cola.

Les volvemos a preguntar, ¿por qué no aprovechan esta proposición de ley para reforzar los Patrimonios Públicos de Suelo e impedir el atropello que se está cometiendo?

No se puede permitir que estos Patrimonios se utilicen para otros fines ajenos a la prioridad de vivienda tal como establece la ley. Hay que asegurar que la prioridad que establece la ley se cumpla realmente. El problema de financiación de los ayuntamientos no puede resolverse a costa de sacrificar a la vivienda protegida tal como está sucediendo en la actualidad.

-Como prueba de lo que decimos, podemos fijarnos en la propuesta que esta proposición de ley recoge en materia de derechos por participación de la comunidad en las plusvalías urbanísticas que, como todos ustedes saben, se materializan en derechos edificatorios o en recursos económicos, que están jurídicamente vinculados a los Patrimonios Públicos de Suelo.

Pues bien, la propuesta que se nos presenta en esta contrarreforma habla de que ahora hay que desdoblar el porcentaje del 15% en dos partes; 10% para los Ayuntamientos y 5% para el Gobierno Vasco para que este promueva, en esta tercera parte, las viviendas de alquiler asequible. Pero ojo! Esta pretensión del GV de  “meter mano” al 5% para hacer alquiler traslada un mensaje peligroso a los Ayuntamientos de que ellos no tienen la responsabilidad de hacer también alquiler.

Aunque queremos señalar  que, según la legislación básica, en las zonas declaradas de mercado residencial tensionado el 100% de esta plusvalía urbanística generada (esto es, el 15% en su integridad) se debe destinar obligatoriamente a integrar el Parque Público de Vivienda, muy particularmente en régimen de alquiler asequible.

-Hemos de reconocer nuestra sorpresa cuando observamos que el mismo artículo 27 de la legislación urbanística posibilita  que los derechos edificatorios generados por la cesión del 15% de la edificabilidad se puedan sustituir por la cesión de viviendas construidas. Queremos suponer que esta sustitución se posibilita para hacer factible y vincular el destino de estas viviendas al alquiler asequible porque, para sorpresa ya de nadie, ni siquiera se comprometen con este destino en el redactado propuesto.

Pero nos preguntamos, si tal como dice este  artículo el Ayuntamiento puede permutar el 15% por vivienda construida en alquiler entonces ¿para qué quiere quedarse el GV con el 5% si el Ayuntamiento puede conseguir el mismo objetivo, en base a la permuta con un promotor, del suelo urbanizado por vivienda construida en alquiler sin tener que poner un solo euro ?

Es evidente, que nos encontramos ante un fraude de ley, ya que la posibilidad de la permuta supone una merma significativa del parque de alquiler al renunciar de facto a desarrollar íntegramente en esta modalidad todos los derechos edificatorios y las viviendas que suponen este 15%. Porque, como es obvio, el promotor a cambio del suelo hará principalmente VPO en derecho de superficie y una parte pequeña en alquiler social.

Podemos entender la permuta en el caso de Ayuntamientos pequeños donde no hay tensión de mercado al carecer de  capacidad económica para  promover sobre ese 15% viviendas de alquiler.

Reclamamos aquí, por tanto, la necesidad de redoblar la exigencia, de hacer cumplir las obligaciones en materia de Patrimonios Públicos de Suelo y ponerlos en relación consecuente con la Declaración de Zona Tensionada (ZMRT), más todavía,  en nuestra Comunidad Vasca, en la que nos sentimos orgullosos/as de haber reconocido el derecho subjetivo a la vivienda en alquiler. Derecho subjetivo que progresivamente se está convirtiendo en una mera prestación económica subvencional  porque carecemos del parque público de vivienda suficiente para poder hacerlo efectivo. Esto último, entre otras razones, porque las Administraciones no se han tomado en serio el real cumplimiento de lo ya dispuesto en la ley vasca de vivienda de 2015 sobre obligaciones públicas de constituir progresivamente un patrimonio público de suelo y un parque público de vivienda para hacer efectivo el derecho subjetivo a la vivienda.

Actualmente el Gobierno Vasco, en las viviendas de su propiedad, se ha comprometido a no cobrar rentas superiores al 30% de los ingresos de las unidades familiares arrendatarias.

¿Por qué no aprovechan esta iniciativa para dar carácter de ley a ese compromiso y para amparar a todas las personas que tengan reconocido el derecho subjetivo a que no tengan que hacer frente a rentas superiores a ese 30% evitando las discriminaciones que padecen quienes  tienen que alquilar en el mercado libre por escasez de vivienda pública ?

3)Rebaja del estándar de suelo para vivienda protegida en el suelo urbanizable

Queremos señalar que no compartimos la rebaja que se plantea del estándar de suelo para vivienda protegida en el suelo urbanizable con la excusa de buscar hacer viables los sectores urbanísticos obligados a hacer esta reserva.

¿Cómo nos quieren hacer creer que la clave para que haya más vivienda protegida está en ampliar el terreno de juego a la vivienda libre, es decir, a la vivienda de precio desorbitado?

Lamentablemente el GV ha comprado el relato a  la patronal de los promotores y constructores, al afirmar, que la vivienda protegida no es rentable. Esta  es la justificación que utilizan los grupos proponentes para modificar las reservas de vivienda asequible y dar más margen de actuación a  la vivienda libre. A esa  vivienda que está ahogando a la mayoría de la población vasca.

Tenemos que afirmar rotundamente que la vivienda protegida si es rentable.

Otra cuestión distinta se refiere a cómo financiar determinadas cargas de urbanización que pueden comprometer la viabilidad de algunas operaciones.

Desde nuestro punto de vista solo sería justificable circunscribir una  rebaja del estándar de vivienda protegida a aquellos promotores privados que quieran hacer viviendas en alquiler. Se trataría de hacer viable la conversión de parte de estas reservas y comprometerlas al destino del régimen de alquiler asequible con el último objetivo del fortalecimiento de los parques públicos de vivienda.

Y, en cualquier caso, para no convertir en arbitrario el recurso a esta excepcionalidad de la rebaja de estándares, nuevamente, deberían exigirse garantías ciertas de que los suelos urbanizables se terminan desarrollando en un plazo determinado con compromiso firme ante el Gobierno Vasco; extremo que tampoco se compromete en la proposición de ley. Lo que nos parece ciertamente sospechoso.

4) La supuesta “flexibilización” urbanística de la proposición de ley viene a suponer una excepcionalidad en manos de los promotores privados que no está justificada en el interés público

Sobre la propuesta de la proposición de ley de la posibilidad de delimitación de “ámbitos prioritarios” de desarrollo urbanístico en materia de vivienda es cierto que otras leyes urbanísticas introducen figuras similares arbitrando especialidades en el procedimiento urbanístico a los efectos de acelerar el proceso de su ordenación y ejecución.

Pero para que la introducción de esta especialidad en los procedimientos urbanísticos esté justificada, sea proporcional y no se termine convirtiendo en un atropello de las garantías ambientales, de transparencia, información pública y participación ciudadana, entendemos que hay que contrapesarla limitándola a la concurrencia de, por lo menos, las siguientes circunstancias:

1) Una previa planificación de estos ámbitos prioritarios en los instrumentos de ordenación territorial del Gobierno Vasco a los efectos de que los mismos estén previamente justificados.

Los ámbitos susceptibles de ser objeto de ser calificados como prioritarios, a los efectos de acelerar su desarrollo urbanístico, deberían estar previamente recogidos en un instrumento de ordenación territorial del Gobierno Vasco (Plan Territorial Sectorial de Vivienda o Plan Territorial Parcial) para que la posibilidad no se termine convirtiendo en una “barra libre”. Y al hilo de esto, déjennos decirles que resulta incomprensible que diez años después de la aprobación de nuestra legislación de vivienda no se haya dado ningún paso para la redacción por el Gobierno Vasco del Plan Territorial Sectorial de Vivienda.

No nos parece correcto dejar exclusivamente en manos de los Ayuntamientos la posibilidad de acogerse y declarar estos ámbitos prioritarios a iniciativa de los promotores privados.

2) La iniciativa, los compromisos y las garantías de ejecución debería ser limitada a favor de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales para poder justificar adecuadamente el recurso a la excepcionalidad del procedimiento con la consustancial rebaja y reducción de las garantías procesales y, sobre todo, de control externo (ambiental, participación ciudadana…)

3) En lo referido a los contenidos mínimos de estas iniciativas urbanísticas, para estar debidamente justificadas, deben incorporar una presencia mayoritaria de viviendas protegidas y una sustancial reserva de suelos para el fortalecimiento de los patrimonios públicos de suelo con el  objetivo último de poder hacer posible vivienda el desarrollo de vivienda en alquiler asequible. No nos cansamos de insistir en este punto, que es clave.

No obstante, nada de esto se compromete en la proposición de ley. No hay garantía de que el recurso a esta vía excepcional esté justificado en el interés general urbanístico o en el desarrollo de los parques públicos de vivienda. 

Por otra parte , no entendemos que tengan tanta “manga ancha” con los “proyectos de actuación prioritaria” y sean tan restrictivos en la autorización de los “levantes”. ¿Por qué no autorizar estas dos plantas de Alojamientos Dotacionales también en parcelas de VPO sean de titularidad pública o privada?

Besterik ez. Galderen txandan jarraituko ditugu

Eusko Legebiltzarra, 2025eko irailaren 8a.

Reconozco que con el inicio de la nueva legislatura alimenté la esperanza de que la política de vivienda pública y asequible experimentaría un salto hacia delante después de la parálisis sufrida en los últimos 15 años .

Lamentablemente, esas expectativas se han transformado en profunda decepción. De una gestión de orientación progresista cabría esperar algo más que marketing con muchos titulares y pocas soluciones.

Resulta evidente que la derecha política y el lobby de promotores y constructores están marcando el rumbo de las nuevas iniciativas. De hecho, se está produciendo un desmantelamiento progresivo de las bases y consensos alcanzados, con mucha dificultad, y que situaron a la Comunidad Vasca en el liderazgo de una nueva política de vivienda en el Estado y que tan buenos resultados ofreció.

En esta dinámica involucionista, la última medida que hemos conocido del Gobierno PNV-PSE, es la reserva de hasta 144 millones de euros con objeto de avalar los préstamos hipotecarios para compras de viviendas de hasta 340.000 euros a favor de personas que ganen hasta 50.400 euros en forma individual o 86.400 si se trata de una pareja.

Como se pudo comprobar con la burbuja inmobiliaria el incremento de la facilidad crediticia resulta contraproducente en materia de accesibilidad a la vivienda. La ecuación es clara. Cuánta mayor facilidad de acceso al crédito hipotecario, mayor es la demanda de vivienda en compra y, por tanto, mayor también es el precio de venta de la vivienda. Es la ley de la oferta y la demanda.

El encarecimiento en el precio de la vivienda contrarresta y neutraliza de hecho cualquier medida que vaya buscando facilitar o mejorar las condiciones de acceso a los préstamos hipotecarios como, por ejemplo, las rebajas de tipos de interés o, la aportación de avales públicos.

Se podría pensar que limitar el máximo del precio de la vivienda en los 340.000 euros para poder beneficiarse de la medida de avales supondría una cobertura suficiente al riesgo de incremento de precios. No es así. De hecho, no se habla del precio por metro cuadrado; no se habla tampoco
del factor de localización de la vivienda; tampoco se precisa el estado de la vivienda; ni siquiera se referencian los precios máximos de venta a los valores catastrales. De modo que cualquier vivienda que a día de hoy se venda en el mercado por menos de 340.000 euros puede acceder a este programa de avales, aunque la misma tenga, por ejemplo, sólo 40 metros cuadrados o bien se localice fuera de las áreas metropolitanas de las tres capitales vascas, que se venden en el mercado, por lo general, por debajo de ese precio de referencia.

Por otra parte, el Gobierno Vasco ya se ha apresurado a aclarar que también prescinde de fijar condiciones en el resto del negocio crediticio que las entidades financieras pacten con sus clientes. De modo que podrán negociar libremente los tipos de interés aplicables a la operación. Ni siquiera se va a exigir al Banco o Caja, como contraprestación por el aval público, el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas del Real Decreto-ley 6/2012, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, para evitar el drama de los desahucios. Bonita manera de homenajear los diez años de la Ley 3/2015 vasca de Vivienda que tan en cuenta tuvo la emergencia habitacional generada por la irresponsabilidad de las entidades financieras.

Es previsible que por efecto del programa de avales y de esta mayor facilidad crediticia, auspiciada ahora por el Gobierno Vasco, el precio actual de la vivienda libre se incremente, provocando que el indicador de accesibilidad de los hogares a la propiedad de la vivienda termine empeorando.

Los principales beneficiarios de esta iniciativa no van a ser los demandantes de vivienda, que se verán perjudicados por el alza de precios de las viviendas, en el contexto de un mercado residencial tensionado que, por definición, tiende a fijar precios especulativos en las transacciones. Nada cabría objetar si el aval se aplicara sólo a la compra de las viviendas protegidas, que por su condición tienen el precio máximo de venta regulado por ley y deben destinarse a residencia habitual y permanente.
Por el contrario, los verdaderos beneficiados serán las entidades financieras, que van a ver incrementadas las solicitudes de los clientes para firmar créditos hipotecarios, movilizando mayores importes de préstamos por el previsible alza de precios, y sin verse, al mismo tiempo, exigidas en absolutamente nada por ver reducidos sus riesgos de impago al poder contar ahora, y de forma gratuita, con un aval público. La banca siempre gana.

Esta medida nada tiene que ver con la Política Vasca de Vivienda que ha apostado históricamente, y de forma inequívoca, por transferir parte de la demanda al segmento de vivienda protegida de precio asequible. Esta será la mejor manera de contener los precios en el mercado libre.

En vez de favorecer a la banca y a los promotores, alimentando la carestía de la vivienda, mejor haría el PNV-PSE en invertir esos 144 millones de euros en fortalecer el parque público de vivienda en alquiler asequible para la mayoría de la población, particularmente jóvenes y sectores vulnerables.

JAVIER MADRAZO LAVÍN

Consejero de Vivienda Y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco (2001-2009)

Bilbao, a 18 de Agosto de 2025

Hablar del acceso a la vivienda es hablar del principal problema al que se enfrenta en estos momentos la mayoría de nuestra sociedad. Abordarlo con firmeza y determinación es un reto ineludible para los diferentes Gobiernos( estatal, autonómicos y municipales).

Aunque estamos ante un asunto de carácter multifactorial y  poliédrico,  existen un conjunto de ejes nucleares ineludibles que cualquier responsable público debería tener en cuenta para diseñar una auténtica política de vivienda, sí de verdad se quiere abordar la resolución de un problema de gran envergadura.

En primer lugar, debemos tener claro que los problemas generados por las dinámicas del mercado residencial no se van a resolver por sí solas. No podemos pensar, como sostiene la derecha, que la liberalización del suelo y el aumento indiscriminado de oferta de vivienda libre va a ser capaz de generar bajadas de precio de las viviendas y/o del suelo , como ya quedó sobradamente demostrado en la época de la burbuja inmobiliaria (1998-2008) o en la actualidad con la política de vivienda de Isabel Ayuso. Todas las políticas públicas de estímulo de la demanda de vivienda (subvenciones o financiación pública de avales para la compra, exenciones fiscales…) deben ser descartadas  si no se exige, al mismo tiempo,  un control de los precios de transmisión de las viviendas.   

Así mismo, hay que tener claro que la insuficiencia de un parque de vivienda de alquiler asequible – y no sólo de vivienda social – es un déficit histórico y estructural que impide mitigar los efectos de la escalada actual de los precios de la vivienda; déficit estructural que, además de incidir en la economía de las personas que se ven obligadas al pago de estos precios abusivos, supone un lastre de la economía del país, como ya ha manifestado sin ambages, el año pasado,   el Banco de España  y hace unos días han reiterado la Comisión  Europea y los principales sindicatos.

El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a la vivienda es un derecho constitucionalmente reconocido a favor de toda la ciudadanía que, en base al artículo 47 de la  CE, está reclamando de todas las Administraciones Públicas políticas eficaces para hacer efectivo este derecho de acceso a la vivienda en condiciones asequibles.

Para ello es imprescindible una buena política de suelo que implica, no sólo,  el deber de los promotores privados de integrar la obligación de oferta de vivienda asequible en sus promociones inmobiliarias,  sino también, y muy particularmente, la vinculación de los suelos de titularidad pública a los fines de favorecer la oferta de vivienda en alquiler asequible.

No siempre las Administraciones Públicas han sido, y son,  ejemplares en dar este destino social a sus suelos públicos. En numerosas ocasiones los patrimonios municipales del suelo y los suelos residenciales de titularidad estatal o autonómica, son vendidos para financiar otros proyectos que nada tienen que ver con la vivienda. Los Gobiernos nunca deberían  perder la titularidad pública del suelo sobre el que se edifican las viviendas, teniendo como tienen la figura del derecho de superficie. Esto lo deberían tener “grabado a fuego”.

Aunque hay que tener en cuenta, que la solución del déficit estructural de vivienda asequible no se podrá resolver, únicamente, desde la nueva construcción. El parque de vivienda actualmente existente tiene  un papel muy importante que jugar.

Por una parte, las viviendas protegidas no deberían nunca dejar de ser protegidas. Ello supondría que quedarán sometidas para siempre a un control de los precios desde lo público; que existirá siempre la posibilidad preferente de compra por las Administraciones Públicas;  y que subsistirá siempre la obligación de su ocupación efectiva en calidad de primera residencia. Resulta inconcebible que, a día de hoy,  en la mayoría de Comunidades Autónomas se siga permitiendo que,  pasados unos pocos años, estas viviendas, puestas en marcha con el esfuerzo de toda la ciudadanía, se descalifiquen y pasen a ser viviendas libres. Con el consiguiente pelotazo y debilitamiento del parque público de vivienda protegida. En Euskadi aprobamos esta medida en el año 2003. El Gobierno del Estado debería condicionar las ayudas en materia de vivienda a las CCAA a la aprobación de la calificación permanente.

La extensión de estas garantías al parque actual de viviendas libres no es fácil, pero para nada puede descartarse. Para empezar, se deberían articular desde las Administraciones compras selectivas de viviendas libres para su incorporación al parque público de vivienda en alquiler mediante la técnica de los derechos de tanteo y retracto; y de forma inexcusable en las llamadas zonas de mercado residencial tensionado. Igualmente, no hay que perder de vista que los programas de intermediación para la puesta en alquiler asequible de viviendas libres desocupadas han dado resultados óptimos cuando esta intermediación pública es real y comprometida, como ocurre en la Comunidad Vasca con el programa Bizigune. No obstante, en las zonas de mercado residencial tensionado, en materia de vivienda desocupada, la intermediación debe acompañarse de una intervención pública contundente alcanzando incluso el alquiler forzoso de las viviendas vacías, muy particularmente de los grandes tenedores.

Y aunque no se ha ensayado hasta el momento, habría que sondear la posibilidad de que en las zonas de mercado residencial tensionado no se pudieran inscribir en el Registro de la Propiedad las transmisiones de viviendas si las mismas no van a ser ocupadas en calidad de primera residencia o no se comprometen al alquiler para ser ocupadas en esta misma condición. La proliferación en zonas de mercado tensionado de viviendas de uso turístico, y en similar medida también de alquiler de corta duración, es una práctica que debe ser atajada, para lo que ya existen herramientas jurídicas solventes.

Por otro lado, nunca hay que dejar de lado la política fiscal y cuyo diálogo con las políticas sectoriales de vivienda siempre ha dejado mucho que desear. La política fiscal, como política pública que es, debe favorecer desde todos los frentes el fomento de alquiler asequible para vivienda habitual, protegida y libre, frente a otras formas de uso de las viviendas; tanto en el tratamiento fiscal de su promoción y construcción como en el tratamiento fiscal de los ingresos percibidos por los arrendadores en esta condición. Evidentemente, sin un compromiso presupuestario mínimo resulta imposible poder desplegar estas políticas de vivienda: compra de suelo y de viviendas, promoción de viviendas públicas en alquiler social, políticas de ayudas a promotores, propietarios e inquilinos para el fomento del alquiler asequible, dotación de recursos para la intervención e inspección pública…. Desgraciadamente es bastante habitual que los planes de vivienda no sean coherentes con los recursos presupuestarios destinados. Y aunque la situación a la que deben hacer frente estos planes de vivienda es muy dispar en la geografía española, no se pueden obtener unos resultados mínimamente aceptables si los diferentes gobiernos no dedican, especialmente en situaciones de tensionamiento de mercado, declarada como tal o no, al   menos el 1% del PIB.   

Una nueva política  de vivienda es posible, necesaria y urgente. Este debería ser el principal propósito del Gobierno Progresista tras el parón estival. Ello bien justificaría agotar los dos años que le restan a esta legislatura. Y que cada cual se retrate.

     JAVIER MADRAZO LAVÍN

Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco (2001-2009)

    Bilbao, 27 de Julio de 2025

Suele decirse que una buena política de vivienda debe comenzar por una buena política de suelo. No puedo estar más de acuerdo. Disponer de suelo para hacer una política de vivienda de precio asequible es el gran problema que tenemos en nuestra Comunidad. El suelo existe; o lo tienen los propietarios privados o lo tienen los Ayuntamientos; aquel que se encuentra  en manos privadas está sometido a una dinámica brutalmente especulativa. De hecho, en Euskadi hay suelo calificado para poner en marcha 75.000 viviendas protegidas. Son solares  que llevan muchos años parados.

En lugar de abordar de verdad  una solución a este auténtico nudo gordiano, el Gobierno Vasco, poniéndose de parte del lobby de promotores y propietarios de suelo, anuncia, bajo el argumento de que la vivienda protegida no es rentable, una modificación legislativa para “flexibilizar” las reservas de suelo obligatorias para construir vivienda de precio asequible. En concreto, propone rebajar esta exigencia del 75% al 60% en suelo urbanizable. Ello supone dedicar más suelo para edificar viviendas de precios prohibitivos para la mayoría de la población.

A los propietarios de suelo habrá que exigirles por ley unos plazos de desarrollo de los solares. En caso de incumplimiento,  se deberán aplicar las sanciones correspondientes o, en su defecto,  los procedimientos expropiatorios que son utilizados con total normalidad en otro tipo de infraestructuras.

El problema no son las reservas obligatorias sino la titularidad del suelo. Donde las Administraciones se han hecho, con inversión y dedicación, con el suelo (Bolueta, Zorrozaurre, Salburua, Zabalgana, ahora los Cuarteles de Loyola..) se ha podido hacer más vivienda protegida que la exigida legalmente.

Si el Gobierno Vasco está quejándose permanentemente de falta de suelo y suplicando la puesta a su disposición de terrenos municipales para poder construir viviendas a precio asequible, es que algo se ha planificado francamente mal en estos últimos años. La legislación de urbanismo y vivienda de todas las Comunidades Autónomas incorpora normativas para no tener que depender del suministro de suelo de los Ayuntamientos. Desde la aprobación de la Ley 3/2015, de Vivienda de Euskadi, ya se habilita al Gobierno Vasco para el desarrollo de un Plan Territorial Sectorial de Vivienda para hacer posible el despliegue de sus propias políticas de suelo desde la ordenación territorial. Nada hemos sabido desde entonces.

La Ley 3/2015, de Vivienda de Euskadi, también dispuso en su artículo 7 que el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos están obligados a destinar sus recursos en materia de vivienda –excluida la rehabilitación– a vivienda protegida en alquiler. A nadie se le escapa que el suelo finalista con destino a vivienda protegida es un recurso sometido a esta obligación legal. Sin embargo, los Ayuntamientos, salvo honrosas excepciones, se desentienden de la obligación de destinar los suelos públicos municipales calificados de vivienda protegida para la promoción, por sí mismo o por terceros, de viviendas en régimen de alquiler asequible. No tiene ningún sentido que diez años después de la aprobación de esta ley de vivienda sigamos estando donde estábamos.

Esta no es una cuestión baladí. Estamos hablando del flagrante incumplimiento de las obligaciones legales en materia del régimen jurídico de los Patrimonios Públicos de Suelo de nuestra legislación urbanística y de vivienda. La legislación establece que los presupuestos públicos municipales deben contabilizar por separado  los ingresos propios derivados de los patrimonios públicos de suelo –ingresos cuyo destino preferente está legalmente vinculado a la promoción de vivienda protegida– del resto de los ingresos públicos municipales. Parece que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas debe tener otras cosas mejores que hacer que advertir en las auditorías de las Cuentas de Resultados de los Ayuntamientos de dicha ilegalidad en lo que hace referencia a la contabilización y destino de estos recursos.

Igualmente, la Ley estatal 12/2023, por el derecho a la vivienda, exige que en las Zonas de Mercado Residencial Tensionado los suelos públicos se destinen a la construcción de vivienda social en alquiler.

En la disponibilidad de suelo público para la promoción de vivienda protegida en alquiler asequible, podemos señalar que la Administración que se supone que quiere hacer, léase en este caso el Gobierno Vasco, no puede,  porque no dispone de la planificación de ordenación territorial adecuada ni tampoco dispone de bolsas de suelo propio suficiente; y las Administraciones públicas, que sí disponen de recursos en forma de suelo, léase aquí los Ayuntamientos, no quieren,   porque prefieren “liquidar” los suelos para obtener recursos presupuestarios para destinarlos a otros menesteres, en lugar de hacer viviendas en alquiler social como es su obligación.

Que nadie se engañe:  no se trata de falta suelo sino de voluntad política para hacer cumplir las propias leyes de las que ya nos hemos dotado. Es en este punto, y no vendiendo pócimas mágicas, donde deberíamos empezar a revertir la grave situación en la que nos encontramos. Se lo debemos a nuestra juventud y a su futuro.

             Javier Madrazo Lavín

          Bilbao, a 10 de Junio de 2025

El pasado 16 de mayo se cumplió el quinto aniversario del fallecimiento de Julio Anguita en su querida Córdoba. Con este motivo participé en los actos de homenaje que organizó el Colectivo Prometeo, en el que se implicó activamente en el último tramo de su vida. Han transcurrido sólo cinco años desde su despedida, pero en este tiempo el mundo que el conoció ha sufrido un auténtico cataclismo. Es cierto que Julio, siempre lúcido, comprometido y buen conocedor del género humano, la geopolítica y las corrientes de opinión,  se anticipó a su tiempo y nos alertó sobre graves amenazas globales, que entonces parecían lejanas y hoy son una realidad, que  reniega de la democracia y reivindica el fascismo.

Quienes hemos admirado la personalidad y el espíritu de quien fuera el alma de Izquierda Unida tenemos ahora la obligación moral de recoger su testigo y defender su trayectoria, compromiso y utopía.

El quinto aniversario de su pérdida coincide con la despedida de otros dos grandes referentes morales, intelectuales y de compromiso en favor de una nueva sociedad basada en la paz y el reparto de la riqueza, como son Pepe Mujica y el Papa Francisco.

Vivimos en un contexto en el que los tiranos y autócratas se hacen fuertes, silencian a su oposición, llegan al poder y forman gobiernos autoritarios, que se sustentan en la ley de la selva y la barbarie. ¿Cómo es posible que estos discursos triunfen en el siglo XXI? ¿Qué nos depara el futuro si el 38 por ciento de los jóvenes españoles menores de 24 años reconoce que podría aceptar un régimen poco democrático si su calidad de vida mejorara? Los datos son, cuando menos, alarmantes. Uno de cada cuatro varones de entre 18 y 26 años asume que en «determinadas circunstancias» una dictadura puede ser mejor que una democracia.

Anguita, Mujica y Francisco son auténticos faros que nos guían,  nos indican el camino a seguir y nos brindan esperanza en medio de un tsunami, que aspira a reducir a cenizas los principios y valores en los que las personas con una sensibilidad progresista confiamos para construir un mundo mejor y más justo. Han sido mentes privilegiadas de las que debemos aprender y seguir su ejemplo. Fueron personas resilientes, valientes, íntegras, austeras y coherentes.

¡Cuánto les echamos de menos! Afortunadamente, su legado permanece, y puede y debe ser la brújula que nos marque el camino a seguir para  avanzar hacia un futuro de paz, justicia, igualdad, ética, diversidad, inclusión y sostenibilidad

No es casualidad que Anguita, Francisco y  Mujica pusieran el acento en la desigualdad social como el origen del auge del fascismo en el mundo. El empobrecimiento de las clases populares está íntimamente unido al enriquecimiento de una élite de billonarios y oligarcas que alardean de serlo;  la precariedad laboral y los bajos salarios son el reverso de los beneficios sin límite de la banca y los grandes monopolios, especialmente los tecnológicos; los precios abusivos de la vivienda son consecuencia directa de la avaricia de fondos de inversión, promotores y propietarios del suelo que se hacen de oro especulando con un derecho ciudadano; el deterioro de los servicios públicos, sanidad y educación principalmente, se verá aún más perjudicado por la apuesta europea por el rearme. El panorama resulta desolador. La falta de expectativas, la frustración y la impotencia que sienten capas cada vez más amplias de la población constituyen  el mejor caldo de cultivo para el triunfo de liderazgos tan perversos como el que representan Donald Trump y sus acólitos. Lo hemos vuelto a comprobar en el avance de la extrema derecha en las elecciones celebradas en Polonia, Portugal y Rumania.

A pesar de la situación preocupante, estos tres modelos de vida nos transmiten hoy el gran mensaje de que no debemos caer ni en el pesimismo ni mucho menos en el derrotismo. Estamos a tiempo de revertir esta situación.

Julio Anguita, unos días antes de morir, hizo público un manifiesto (“el hoy y el mañana: razones para nuestro compromiso”), que tiene plena vigencia: «Debemos impedir que quienes se consideran dueños de un poder sempiterno construyan la realidad a su imagen y semejanza». La sociedad civil ha de tomar conciencia de su protagonismo en la defensa activa del presente y el futuro que queremos. No vale mirar hacia otro lado ni eludir las responsabilidades que nos corresponden. La izquierda, en su concepción más amplia, tiene que unirse, sumar todas las voces y sensibilidades, promover alianzas globales y organizar una revolución pacífica (noviolencia activa), pero  constante,  contra el fascismo. No podemos asistir impasibles ante el genocidio televisado contra el pueblo palestino. El mercado  y la codicia sin límites no pueden ganar esta batalla. Somos personas con derechos y capacidad de decisión.

Al poder económico le sobran las leyes, los tribunales, las regulaciones y las libertades. Sólo les interesan sus beneficios y para ello nos quieren convertir en consumidores pasivos y compulsivos, sin opinión ni criterios propios. Su modelo de sociedad es individualista, manipulada, asustada, y nunca comunitaria ni solidaria ni empática. Quieren un  poder político que actúe como un brazo articulado que ejecute sus directrices. Los gobiernos en los que creen son  consejos de administración a sus órdenes. Su mayor enemigo es la toma de conciencia por parte de la ciudadanía y su cohesión como forma de resistencia.  Anguita, al calor de las movilizaciones anti OTAN, apostó por la confluencia de sectores con trayectorias y tradiciones diferentes en torno a un programa común, germen de la constitución de IU. Dijo: “no importa que los comunistas seamos minoría, lo importante es que nuestras ideas de transformación sean mayoritarias”.

Un tiempo de movilización ciudadana, ilusión y esperanza; Pepe Mujica,  fundador del Frente Amplio de Uruguay, llevó a la izquierda al Gobierno del país, tras 150 años de opresión. Son, sin duda alguna, ejemplos a imitar. También lo es el Papa Francisco que con paso lento pero firme ha transformado la Iglesia sin que sea posible ya la marcha atrás.

Frenar el fascismo es ahora la razón de ser de la izquierda en el mundo. No nos perdamos en pugnas y divisiones internas, que tanto alientan desde el establishment. Nunca pensamos que en el siglo XXI nos veríamos en la obligación y la urgencia de reivindicar, proteger y defender la democracia. Este es ahora el reto.

Sabemos que no es tarea fácil. El totalitarismo y sus aliados controlan la mayoría de los medios de comunicación,  redes sociales, inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Mienten, tergiversan la realidad,  engañan y alimentan el odio, criminalizando la inmigración, la diversidad y las políticas de inclusión social.  Promueven el caos y la tensión para promover y expandir una doctrina contraria a los derechos humanos y la convivencia. La división de la izquierda les permite ganar apoyos sin encontrar obstáculos en su camino; por ello, es clave que les perdamos el miedo, les hagamos frente y allí donde sea posible los gobiernos progresistas lideren acciones que garanticen políticas de igualdad social. Debemos demostrar con hechos que el fascismo nos conduce al abismo y nunca traerá bienestar y prosperidad. A la izquierda le toca dar lo mejor de sí misma con audacia y generosidad.

         JAVIER MADRAZO LAVÍN

COORDINADOR IZQUIERDA UNIDA-EZKER BATUA (1996-2008)

       Bilbao a 29 de Mayo de 2025

He de reconocer mi satisfacción por el nombramiento de León XIV. Es una buena noticia para los que queremos una Iglesia más evangélica, corresponsable y comprometida con la causa de la justicia, los empobrecidos y la defensa del medio ambiente, nuestra casa común. Estoy convencido que si el Papa Francisco hubiera tenido que tomar la decisión sobre  su sucesor seguramente  Robert Prevost estaría entre sus preferidos. No en vano le nombró responsable del importante Dicasterio para  los Obispos.

Su pronta elección ha puesto de manifiesto que la mayoría de cardenales tienen clara la hoja de ruta a seguir. Entienden que no hay marcha atrás en el camino emprendido por Bergoglio.

No podemos aspirar a una réplica del anterior papa. Seguramente echaremos en falta muchas de sus cualidades. Pero León XIV tendrá otras fortalezas.

Su perfil no puede ser más completo. Concita  todas las características necesarias para ser un buen Papa que dé un salto adelante en la necesaria renovación de las estructuras de una institución que tiene que hacer su propio “aggiornamento” ante los retos y desafíos que le plantean los hombres y mujeres de este siglo. La edad  le acompaña. Tiene un margen suficiente para desarrollar una agenda de cambios. Su recorrido vital le conecta con el Norte de nacimiento y  el Sur de vocación. Sus responsabilidades en el Vaticano y como prior de los Agustinos le han permitido viajar a lo largo y ancho del mundo y tener una amplia visión global,   social, política y eclesial. Un gran activo para entender que el evangelio, innegociable, debe encarnarse en realidades culturales muy diversas.  Ello implica descentralizar y entender la pluralidad como una riqueza. Como dijo San Agustín: “En lo esencial, unidad; en lo dudoso libertad; en todo, caridad”. Algunas normas que sirven para un continente seguramente no sirven para otro.

Cuenta con una gran formación académica e intelectual y al mismo tiempo tiene alma de pastor con mucho polvo y barro en las botas. No en vano ha pasado más de la mitad de su vida compartiendo alegrías y penas con las comunidades indígenas andinas, campesinas y sectores populares. Eso imprime carácter y conforma una cosmovisión teológica y pastoral. La elección del nombre es toda una declaración de intenciones. León XIII fue el precursor de la Doctrina Social de la Iglesia con la encíclica Rerum Novarum, defendiendo los sindicatos y la dignidad y derechos de la clase obrera.

Estamos ante una persona humilde, (“cristiano con vosotros obispo para vosotros”), que antes que enseñar ha desarrollado la virtud de escuchar. Una persona discreta, conciliadora y empática, capaz de tender puentes e integrar posiciones diferentes. Ello no obsta para reconocer en León XIV la suficiente firmeza para tomar las decisiones que le dicte su conciencia y principios, sin dejarse paralizar por las presiones y zancadillas, que tanto padeció Francisco, de ese lobby restauracionista y conservador que antepone el Derecho Canónico al propio Evangelio. La búsqueda de la comunión no puede significar abrazar un pluralismo indiscriminado, donde todo cabe. No debe ir en detrimento de la misión, es decir, de la coherencia y fidelidad en el seguimiento de Jesús de Nazaret. Ello significa necesariamente establecer prioridades y acentos.

Para llevar adelante su tarea,  la Iglesia tiene que ganar en credibilidad. Tendrá muchas dificultades para defender la igualdad y los derechos humanos hacia fuera, si en su seno, las mujeres siguen ocupando un lugar secundario. Si el colectivo LGTBIQ+ se siente discriminado. Si los divorciados vueltos a casar son estigmatizados. Si sigue defendiendo una moral sexual caduca y anacrónica. Si la elección de los Obispos se sigue haciendo de forma oscurantista sin consultas transparentes.

Robert Prevost tiene ante sí el gran desafío de transformar una Iglesia patriarcal y clerical, en manos de una minoría de hombres y clérigos, en una  Iglesia verdaderamente corresponsable y sinodal. Para que eso sea así, se debe pasar de la mera escucha, a la codecisión, donde el pueblo de Dios tenga voz y voto. Donde los Sínodos no sean solo de Obispos y los Consejos Pastorales en Diócesis o Parroquias no sean solo consultivos.

Francisco ha dejado sobre la mesa la propuesta de celebrar un Sínodo Eclesial, no sólo de Obispos , para el año 2028, previa  lectura implicativa en todas las diócesis del mundo. Esta será una gran oportunidad para acometer dichas reformas. Estaría bien que las Iglesias locales, también las vascas, le ayudaran en su tarea y no fueran “a rebufo”.

La elección de León XIV ha generado esperanza más allá de la propia Iglesia. La presidencia de Donald Trump ha provocado un terremoto geopolítico caracterizado por la inestabilidad, polarización, incertidumbre, rearme, y guerras. La democracia se encuentra seriamente amenazada. Ante la ausencia y orfandad de contrapesos, tengo la convicción que el nuevo papa será un referente en la defensa de la sensatez, los derechos humanos, la Paz, la justicia social y dignidad de los sectores más débiles y vulnerables.

Tiempo habrá de analizar su gestión. Por el momento tiene mi ilusión y voto de confianza.

                JAVIER MADRAZO LAVÍN

                Bilbao, a 9 de Mayo de 2025

Parecía que el Papa se encontraba en un lento proceso de recuperación, pero su cuerpo desgastado ha dicho basta. Desde la profunda tristeza  nos queda el consuelo de un adiós con sello propio: la humildad. No se ha despedido en un hospital sino celebrando la Semana Santa con el Pueblo de Dios; manteniendo el tradicional encuentro con los presos en la cárcel de Roma, aunque no pudiera lavarles los pies como hizo durante los doce años de pontificado; dando la bendición a toda la humanidad en contra del rearme, la guerra y el hambre; en definitiva,nos ha dejado uniendo su propia muerte y resurrección a la de Jesucristo.

Su papado nos ha sabido a poco. Máxime después de haber padecido, durante treinta y cinco años, los mandatos de Juan Pablo II y Benedicto XVI, ambos de corte restaurador e involucionista. Los dos cerraron las puertas y ventanas de la Iglesia desde la visión de un mundo amenazante, hostil, lleno de peligros y antivalores. Bergoglio, en cambio, ha representado un soplo de aire fresco al entender que la encarnación en el mundo, desde una posición de empatía y diálogo, es la única manera de hacer relevante, en el tiempo actual, el evangelio de Jesús de Nazaret. Lo ha llamado “Iglesia en salida a las periferias del mundo”, sean estas  existenciales o geográficas, para ser “tienda de campaña” que acoge, cura y acompaña.

Se pueden destacar muchos rasgos de su legado y personalidad. Su austeridad en la forma de vivir y morir, muy marcada por su pertenencia a una familia obrera; su  sencillez, utilizando un lenguaje claro, bello, profundo; su cercanía con la gente, compartiendo aficiones tan mundanas como el fútbol; su sonrisa cautivadora y sentido del humor que son rasgos de personas inteligentes y con equilibrio emocional; su libertad y creatividad, incluso rompiendo moldes y protocolos frente a los papas acartonados e institucionalizados.

Francisco ha conseguido el respeto de amplísimos sectores sociales, incluso de personas alejadas de la fe, que han valorado su compromiso en favor de la justicia social. Ha hecho más fácil vivir la identidad cristiana y eclesial sin complejos ni dualismos. A diferencia de las últimas décadas, las personas progresistas y de izquierda  nos hemos encontrado cómodas con la trayectoria, apuestas, opciones y mensajes del papa argentino.

Se va en un momento en el que su liderazgo era más necesario que nunca. Su figura trascendía su papel de representante de la Iglesia Católica. Ha sido un referente global en la defensa de un nuevo orden mundial basado en el reparto de la riqueza, la defensa de los colectivos más vulnerables, la paz y el medio ambiente. Ha denunciado con firmeza el atropello de los derechos humanos a los inmigrantes y el genocidio en Palestina. Su última llamada fue al párroco del único templo en pie en Gaza, preguntando por el estado de los niños y niñas.

Hay dos encíclicas referenciales en su mandato: la Fratelli Tutti en favor de la fraternidad universal, desde la opción preferencial por los empobrecidos, que él definía como los descartados del sistema capitalista, y la Laudato Sí, en defensa de la casa común frente a las graves amenazas al planeta por la voracidad sin límite de las oligarquías y empresas transnacionales.

Dijo, a modo de testamento, dos días antes de morir: “la economía de Dios ni mata, ni descarta, ni aplasta”. Era el contrapunto necesario y la voz profética frente al avance del fascismo y de los sectores neoconservadores liderados por Trump, representante del caos, la inestabilidad y la amenaza planetaria.

Es muy destacable su implicación en la erradicación de la pederastia y la corrupción, así como su última iniciativa convocando un Sínodo Mundial, partiendo de la  escucha  a la Comunidad Católica. Pero, aunque se han aprobado algunas orientaciones interesantes, decidió aparcar, quizás por miedo al cisma, las reformas estructurales más urgentes: la plena igualdad de la mujer, incluyendo el acceso al ministerio ordenado; el celibato opcional; la aceptación, sin falsos paternalismos, del colectivo LGTBIQ+; la participación de las diócesis en la elección de sus Obispos; o una nueva forma de entender el poder en el interior de la comunidad cristiana.

Es cierto que ha tenido grandes resistencias por parte  de sectores de la Curial y de otros lobbies refractarios a los cambios, que anteponen el Derecho Canónico al Evangelio.

Lamentablemente, la Iglesia que deja Francisco sigue siendo patriarcal y clerical. El poder sigue estando en manos de una minoría de hombres y clérigos. Las mujeres y seglares siguen jugando un papel subalterno. No es suficiente con escuchar; es necesario dotar de contenido a la corresponsabilidad y sinodalidad en base a la codecisión.

Se dice que los pontificados conservadores son largos y los progresistas cortos. Deseo que esta vez no se cumpla. La Iglesia se juega mucho en la elección del nuevo Papa. O ser resto significativo o ser residuo irrelevante. Francisco ha dejado el listón muy alto. Le echaremos mucho en falta. Seguro que seguirá intercediendo por la humanidad sufriente. Se ha ganado su descanso eterno. Gracias infinitas por tu vida y compromiso con los más pobres. Goian bego.

               Javier Madrazo Lavín

           Bilbao, a 26 de Abril de 2025